El miércoles se hizo público una inquietud del gobierno. De que las recientes decisiones de la reserva federal Estadounidense traerán una inundación de dinero a las arcas de los bancos locales, con una consiguiente explosión de préstamos para la construcción de inmuebles, llevando casi inexorablemente a una burbuja especulativa ante la cual, según el Observador, "desde el gobierno uruguayo reconocen que es poco lo que se puede hacer" para contrarrestar las circunstancias.
Bueno, primero que todo, no me gusta decir "Lo dije!!!", pero así es (ver emails anteriores, incluyendo "El Lemming', de hace casi un año!). Pero dejando exclamaciones infantiles de lado, esto es serio.
Si a mi me preguntan, lo que estamos presenciando aquí es meramente un sistema que encontró una excusa superficialmente cómoda para justificar sus excesos. Siempre será más fácil culpar a los extranjeros que asumir las responsabilidades propias ante problemas internos, y esto va tanto para el sector público como para el privado. Especialmente para el privado.
Ahora, dejando de lado visiones maquiavélicas y teorías conspiratorias, lo que me concierne hoy es la situación actual, el peligro presente, y la expresión de impotencia de las autoridades.
Escúchenme, porque creo que a estas alturas deberían estar prestando atención.
Hay una forma de controlar la situación, de evitar una burbuja especulativa. Y lo que es mejor, un montón de gente hará mucho dinero en el proceso, y la película así tiene un final feliz.
Lo que se tiene que hacer es implementar en el mercado local la obligación de adquirir una opción financiera, mas específicamente una opción Put, para toda promoción inmobiliaria de mas de X valor (el valor que lo dispongan exactamente los economistas, ese debería ser su trabajo, no?). Para aquellos que se están rascando la cabeza en estos momentos, una opción financiera de estas caracteristicas es en si un contrato que estipula una opción de venta ejecutable por el comprador de la opción en caso de que el precio de el bien que fija en el disminuye por debajo de cierto valor predispuesto, y es una obligación de compra por parte del vendedor de la opción, si la contraparte decide ejecutar. Es como un seguro contra las caídas de valores inmobiliarios, que el promotor o un comitente compra para asegurar que su inversión no se convierta en papelitos de colores.
Lo que sucederá es lo siguiente: estas opciones no son vendidas por cualquier payaso, sino por gente que sabe lo que están haciendo (léase, los Goldman Sachs del mundo; aun a escala Uruguaya hay gente comparablemente capaz y bien ubicada). Estos vendedores de opciones no solo deciden si vender o no, sino que deciden el precio del contrato, valor que se fija de forma análoga al valor de un seguro. Ya que lo que se esta asegurando es contra la caída de valor, el vendedor es quien se preocupa de tomar en cuenta toda variable posible, cada escenario negativo probable, y toda otra consideración que tanto un promotor (impulsado por el ansia de vender) como un banco (impulsado por el ansia de prestar) no tiene la motivación para tomar en cuenta. El vendedor de la opción encarna así la conciencia del mercado, y es quien aplica paños fríos cuando sea necesario, evitando así el descenso hacia una espiral especulativa.
Esta idea no es mía, proviene del Economista Robert Schiller, quien abogo por un sistema similar en EE.UU. antes de su crisis inmobiliaria.
Hasta la forma de implementar este plan hace sentido en situaciones estables. Piensen un momento, y en términos amplios. Si el poder ejecutivo decreta, o se hace ley, la obligatoriedad de esto que planteo, el sector financiero del país se beneficiaria por partida doble: los bancos ganan en estabilidad y en el prestigio derivado del mismo, y los fondos de inversión y toda consultoría que se precie se beneficiará en el mercado primario y secundario de opciones financieras, con el único requisito que hagan su trabajo. Es un sistema auto estable. Los promotores ganan quizás mas aun, ya que pueden garantizar a un comitente un rédito mínimo, aun si viene el fin del mundo para el sector, beneficio que antes nunca pudieron ni siquiera soñar. El gobierno gana en estabilidad financiera, social y productiva, ya que el desequilibrio de recursos actuales (donde el desarrollo inmueble es irrefrenable) tarde o temprano traerá consecuencias negativas, desde inflación, colapso bancario, etc. Y las asociaciones comerciales y profesionales (SAU, APPCU, etc.) se beneficiaran no solo por la estabilidad aquí profesada, sino también a corto plazo por otra razón: para implementar este plan es necesario algo que ahora no tenemos, que es un índice de valores inmuebles confiable. Como ya sabrán, los bienes inmuebles son de los mas difíciles de estimar y avaluar, ya que la información introducida al precio nunca es perfecta ni completa. Para auxiliar el plan y dar una cuota de verificabilidad que se aseguraran, tiene que existir un índice, de múltiples ciudades o hasta barrios, donde la media del valor inmueble sea obvio y aparente para todos, como así también su variabilidad en el tiempo. En EE.UU. se implementó de forma reducida y parcial, encarnado en el Case-Schiller Index, publicado por la Standard & Poor's.
Uruguay, conformado por un mercado más reducido y homogéneo, encontrará la implementación más fácil de llevar a cabo, y los beneficios más aparentes y obvios.
Como me imagino, ustedes pueden estar, quizás, pensando a donde mandarme, y que palabras coloridas usar para hacerlo. Es un país libre, piensen lo que quieran. Eso si, luego no digan que nadie les dijo que iba a suceder, ni como evitarlo.
Sinceramente
Nicholas Sibille Tift
